Cambios en el Gobierno / Entre los escándalos y las internas en el kirchnerismo
La expulsión de Héctor Capaccioli de la Superintendencia de Salud significa, en una primera lectura, un triunfo de Graciela Ocaña, quien mantuvo con el funcionario removido una dura y estridente disputa en torno a la administración de los subsidios a las obras sociales.
Pero la renuncia no agota su sentido en esa pelea. Capaccioli se fue 24 horas antes de que la CGT se expida sobre el fallo en el cual la Corte Suprema quitó el monopolio de la representación a los sindicatos con personería oficial. Cristina Kirchner fue a buscar al reemplazante de Capaccioli al corazón del Sindicato de Camioneros. El nuevo superintendente será Juan Rinaldi, abogado de Hugo Moyano y, hasta ahora, encargado de administrar los subsidios por prestaciones de alta complejidad. Sólo faltaría que coloque a un yerno en lugar de Rinaldi, como afirmaba una versión anoche. Con su designación, Moyano pasa a dominar el organismo que controla las obras sociales sindicales. Nadie sabe si estas concesiones serán suficientes para que los sindicalistas posterguen su intifada contra los Kirchner, cuya borrosa silueta ellos creen ver detrás del revolucionario pronunciamiento de la Corte.
Hay una dimensión más en el desplazamiento de ayer. Capaccioli fue, por la confianza que le tenía Alberto Fernández, el responsable administrativo de la operación que, acaso, más disminuyó la credibilidad moral del Gobierno: el financiamiento de la campaña electoral. Las sospechas sobre proselitismo de los Kirchner van desde las valijas bolivarianas hasta el roce con el narcotráfico por medio de los aportes de droguerías denunciadas en el affaire de la efedrina, pasando por la proliferación de contribuyentes fantasma. Cristina Kirchner podrá sugerir que la exoneración de Capaccioli es un giro autocrítico, aunque le duela haberlo decidido un día después de que Elisa Carrió denunció a su esposo como cabecilla de una organización ilícita. Gastos
El último desaguisado de Capaccioli, el que le costó el alejamiento, estaba por estallar: a la señora de Kirchner le entregaron un informe con rendiciones de cuentas de los gastos ordinarios de la Superintendencia. Allí aparecían facturas por la compra de trajes, camisas, arreglos florales, cajas de champagne y almuerzos y comidas en el restaurante Tierra de Parrilleros, cuya propiedad en el ambiente sindical se atribuye a Capaccioli y a su amigo Roberto Bustamante.
Estas manifestaciones conspicuas de torpeza son pecata minuta al lado de la otra evidencia que puso al superintendente en la calle: la Presidenta verificó, en una conversación con Ocaña, las maniobras a través de las cuales, como consignó LA NACION en numerosas oportunidades, varias droguerías extraían recursos del sistema de salud presentando expedientes apócrifos para tratamientos prolongados de pacientes inexistentes. Entre ellas están Seacamp SRL, del asesinado Sebastián Forza, y San Javier, de Héctor Lorenzo y Carlos Torres, todos aportantes a la campaña del oficialismo. La última droguería sospechada de tener vínculos con Capaccioli es Vita Pharma.
El sistema de salud fue colonizado por una red de funcionarios, sindicalistas y empresarios desde mucho antes de la llegada del actual gobierno. En el centro de ese entramado estarían, según innumerables fuentes del sector, el dueño de San Javier, Lorenzo, y su amigo Héctor Vázquez, ex gerente general de Capaccioli y figura clave de esa dependencia durante el gobierno de Carlos Menem.
Es imposible desvincular la designación de Rinaldi en lugar de Capaccioli del conflicto larvado que se abrió entre el Gobierno y Moyano. Aun cuando Sergio Massa promovió para el cargo a su amigo Gustavo Santero.
Las meditaciones de Montesquieu sobre la división de poderes no están entre las principales lecturas de los sindicalistas ortodoxos: ninguno de ellos acepta que la Casa Rosada haya sido prescindente en el fallo que finalizó con el unicato que, con tanta generosidad, les legó Juan Perón.
En el entorno de Moyano se hacen preguntas razonables. ¿Es creíble que Esteban Righi, el procurador que firmó hace ocho meses el dictamen con el que terminaron alineándose los jueces, no haya comunicado su posición a nadie del Gobierno? Righi es un gran amigo de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo. ¿Es verdad que uno de los jueces, de procedencia peronista, alertó a la Presidencia sobre lo que se estaba por firmar? Un importante dirigente sindical cree haberlo escuchado del propio magistrado. ¿Ignoraba por completo Carlos Zannini, amigo de Ricardo Lorenzetti, un pronunciamiento tan trascendente para la política?
Es posible que hoy, con Rinaldi en "la Súper", los gremialistas consientan la versión oficial de una muralla china que separa a los Tribunales de la Casa Rosada. Rinaldi encontrará subsidios a la espera de autorización que Ocaña había bloqueado a Capaccioli. El nuevo superintendente es un aliado de la ministra, quien -insobornable pero astuta?buscó siempre el respaldo de Moyano.
Sin embargo, la codicia mantendrá la calma sólo por un tiempo. Aunque los Kirchner ignoraran todo lo que se tramaba en la Corte, el fallo cobija una consecuencia política indiscutible: el reconocimiento de otros actores sindicales fue uno de los rebenques con que el Gobierno atemorizó a la CGT. Los jueces dejaron a Kirchner sin ese instrumento para amenazar a los sindicatos. Es una innovación sustancial en las relaciones de poder, justo cuando la economía camina hacia una conflictiva recesión.
Pero la renuncia no agota su sentido en esa pelea. Capaccioli se fue 24 horas antes de que la CGT se expida sobre el fallo en el cual la Corte Suprema quitó el monopolio de la representación a los sindicatos con personería oficial. Cristina Kirchner fue a buscar al reemplazante de Capaccioli al corazón del Sindicato de Camioneros. El nuevo superintendente será Juan Rinaldi, abogado de Hugo Moyano y, hasta ahora, encargado de administrar los subsidios por prestaciones de alta complejidad. Sólo faltaría que coloque a un yerno en lugar de Rinaldi, como afirmaba una versión anoche. Con su designación, Moyano pasa a dominar el organismo que controla las obras sociales sindicales. Nadie sabe si estas concesiones serán suficientes para que los sindicalistas posterguen su intifada contra los Kirchner, cuya borrosa silueta ellos creen ver detrás del revolucionario pronunciamiento de la Corte.
Hay una dimensión más en el desplazamiento de ayer. Capaccioli fue, por la confianza que le tenía Alberto Fernández, el responsable administrativo de la operación que, acaso, más disminuyó la credibilidad moral del Gobierno: el financiamiento de la campaña electoral. Las sospechas sobre proselitismo de los Kirchner van desde las valijas bolivarianas hasta el roce con el narcotráfico por medio de los aportes de droguerías denunciadas en el affaire de la efedrina, pasando por la proliferación de contribuyentes fantasma. Cristina Kirchner podrá sugerir que la exoneración de Capaccioli es un giro autocrítico, aunque le duela haberlo decidido un día después de que Elisa Carrió denunció a su esposo como cabecilla de una organización ilícita. Gastos
El último desaguisado de Capaccioli, el que le costó el alejamiento, estaba por estallar: a la señora de Kirchner le entregaron un informe con rendiciones de cuentas de los gastos ordinarios de la Superintendencia. Allí aparecían facturas por la compra de trajes, camisas, arreglos florales, cajas de champagne y almuerzos y comidas en el restaurante Tierra de Parrilleros, cuya propiedad en el ambiente sindical se atribuye a Capaccioli y a su amigo Roberto Bustamante.
Estas manifestaciones conspicuas de torpeza son pecata minuta al lado de la otra evidencia que puso al superintendente en la calle: la Presidenta verificó, en una conversación con Ocaña, las maniobras a través de las cuales, como consignó LA NACION en numerosas oportunidades, varias droguerías extraían recursos del sistema de salud presentando expedientes apócrifos para tratamientos prolongados de pacientes inexistentes. Entre ellas están Seacamp SRL, del asesinado Sebastián Forza, y San Javier, de Héctor Lorenzo y Carlos Torres, todos aportantes a la campaña del oficialismo. La última droguería sospechada de tener vínculos con Capaccioli es Vita Pharma.
El sistema de salud fue colonizado por una red de funcionarios, sindicalistas y empresarios desde mucho antes de la llegada del actual gobierno. En el centro de ese entramado estarían, según innumerables fuentes del sector, el dueño de San Javier, Lorenzo, y su amigo Héctor Vázquez, ex gerente general de Capaccioli y figura clave de esa dependencia durante el gobierno de Carlos Menem.
Es imposible desvincular la designación de Rinaldi en lugar de Capaccioli del conflicto larvado que se abrió entre el Gobierno y Moyano. Aun cuando Sergio Massa promovió para el cargo a su amigo Gustavo Santero.
Las meditaciones de Montesquieu sobre la división de poderes no están entre las principales lecturas de los sindicalistas ortodoxos: ninguno de ellos acepta que la Casa Rosada haya sido prescindente en el fallo que finalizó con el unicato que, con tanta generosidad, les legó Juan Perón.
En el entorno de Moyano se hacen preguntas razonables. ¿Es creíble que Esteban Righi, el procurador que firmó hace ocho meses el dictamen con el que terminaron alineándose los jueces, no haya comunicado su posición a nadie del Gobierno? Righi es un gran amigo de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo. ¿Es verdad que uno de los jueces, de procedencia peronista, alertó a la Presidencia sobre lo que se estaba por firmar? Un importante dirigente sindical cree haberlo escuchado del propio magistrado. ¿Ignoraba por completo Carlos Zannini, amigo de Ricardo Lorenzetti, un pronunciamiento tan trascendente para la política?
Es posible que hoy, con Rinaldi en "la Súper", los gremialistas consientan la versión oficial de una muralla china que separa a los Tribunales de la Casa Rosada. Rinaldi encontrará subsidios a la espera de autorización que Ocaña había bloqueado a Capaccioli. El nuevo superintendente es un aliado de la ministra, quien -insobornable pero astuta?buscó siempre el respaldo de Moyano.
Sin embargo, la codicia mantendrá la calma sólo por un tiempo. Aunque los Kirchner ignoraran todo lo que se tramaba en la Corte, el fallo cobija una consecuencia política indiscutible: el reconocimiento de otros actores sindicales fue uno de los rebenques con que el Gobierno atemorizó a la CGT. Los jueces dejaron a Kirchner sin ese instrumento para amenazar a los sindicatos. Es una innovación sustancial en las relaciones de poder, justo cuando la economía camina hacia una conflictiva recesión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario