(Por Marcelo Fava) Es muy difícil, y hasta diría imposible, poder sintetizar el origen o las causas de la problemática de la inseguridad en pocos elementos o situaciones. Sin lugar a dudas se trata de una problemática con muchos factores incidentes, algunos interrelacionados y otros no, que permiten expandirse en diagnósticos de todo tipo y desde los más diversos puntos de vista. Pero las realidades superan siempre a los diagnósticos, a las hipótesis y a las expresiones de voluntad. Y hoy existe una realidad irrefutable: EL DELITO PROVOCADO POR MENORES DE EDAD HA CRECIDO ABISMALMENTE EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS Y SU VIOLENCIA HA CRECIDO GEOMÉTRICAMENTE. Mas allá de cualquier tipo de interpretación social o jurídica, existe otra realidad irrefutable: NINGUNA DE LAS REFORMAS LLEVADAS A CABO, SOBRE EL MARCO LEGAL QUE RIGE A LOS MENORES, HA TENIDO ÉXITO, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, HAN PROVOCADO UN NOTABLE INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL. Esto lo percibe, lo siente y lo sufre la sociedad en su conjunto y a diario. Desde el advenimiento de la democracia mucho se ha hablado y se ha hecho en DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, y nadie duda de que esa irrestricta actitud en defensa de los primordiales derechos de todos los habitantes haya sido incorrecta. Tampoco nadie duda que en nuestro país se han producido, durante muchas décadas, acciones desde el poder que han socavado los cimientos de la sociedad, y han provocado un alto grado de marginalidad en vastos sectores de la población. La marginalidad, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, la desculturización, la precarización social, TAMBIEN SON VERDADES IRREFUTABLES. Lamentablemente, para el conjunto de la sociedad, estas "verdades irrefutables" fueron tratadas, analizadas y procesadas desde dos puntos de vista antagónicos, contradictorios y fundamentalistas. Y es así como surgieron las visiones "GARANTISTAS" y las visiones "MANO DURA" como alternativas posibles para tratar y corregir la inseguridad estructural que está sufriendo nuestra sociedad. Ambas visiones, absolutamente parciales, cometieron y siguen cometiendo el trágico error de "mirar el árbol haciendo abstracción del bosque". En el caso específico de la delincuencia juvenil, la visión "garantista" centra exclusivamente su pensamiento en los derechos inviolables de los MENORES Y EN LA DEFENSA ACÉRRIMA DE LOS MISMOS, mientras que la visión "mano dura" centra su pensamiento en el DURO CASTIGO A DICHOS MENORES. Pero ambas visiones, SOLO CENTRAN SUS PENSAMIENTO EN LA MINÚSCULA PORCIÓN DE LOS MENORES DELINCUENTES, y han dejado de lado la MAYORITARIA PORCION DE LOS MENORES HONESTOS. ¿Cuál es la verdadera función del estadista, del legislador, del funcionario judicial o del funcionario policial? ¿Es velar por la calidad de vida, por la seguridad y por el bienestar de la sociedad en su conjunto, o por el contrario es la de proteger a ultranza a minúsculos sectores que, apartados por diversos motivos de la sociedad, actúan en contra de dicha sociedad? Indudablemente, es el deber de velar por la mayoría el camino rector que debería inspirar a tales actores, ello sin descuidar, por supuesto, el tratamiento de las minorías a fin de encausarlas dentro de la vida social. No se trata de discriminar, reprimir o excluir a dichas minorías en privilegio de la gran mayoría, sino que, por el contrario, se debe tratar de reintegrar a dichas minorías dentro de la estructura social. Pero ese intento de reinserción NO PUEDE ESTAR BASADO EN LA RUPTURA DE LOS VALORES SOCIALES MAYORITARIOS Y EN LA ANULACIÓN DE LOS DERECHOS DE ESA MAYORÍA. Cuando hablamos de los derechos humanos, y mas especialmente sobre los "derechos de los niños" no podemos ni debemos hacerlo con una mirada exclusiva y excluyente de los sectores marginales y/o marginados. ¿Cómo quedan los derechos de los niños socialmente integrados? Indudablemente, si analizamos la situación de la inmensa mayoría de niños que aún tratan de mantenerse dentro de las normas sociales, la situación es muy difícil de sobrellevar. ¿Cómo podemos hablar de los derechos irrenunciables de los niños y de los tratados internacionales que los amparan, cuando, como Estado, no se le brinda la tan mentada protección integral de la familia? Hoy los "niños sociales", aquellos que se encuentran integrados a la estructura social, que son la inmensa mayoría de los niños del país, ven afectados SUS DERECHOS por una errónea interpretación jurídica de la defensa de los derechos primordiales. Cuando esos niños no pueden disfrutar del sano esparcimiento por temor a ser robados, golpeados o intimidados por pequeños grupos de menores delincuentes, cuando no pueden expresarse libremente por temor a sus propios pares inadaptados, cuando son testigos presenciales de hechos de vandalismo, violencia y maltrato por parte de esos menores inadaptados en el propio ámbito de sus escuelas, de sus clubes o de sus barrios SIN QUE EXISTAN LIMITES NI AUTORIDAD Cuando ven a diario y sufren en carne propia la ausencia total de estimulación de lo correcto y de corrección de lo incorrecto. Cuando ven, sienten y sufren que sus derechos deben ESTAR SUBORDINADOS a la "protección" del derecho de los victimarios. Cuando el que rompe la regla, la norma y la convivencia es el que goza de todo el aparato Estatal en su defensa por la simple característica de "ser menor", mientras que la víctima, aún también siendo menor, es EXCLUÍDA DE LA PROTECCION ESTATAL por el simple hecho de ser un "menor social" que se integra al modelo social. Cuando esto ocurre, ¿De cuales Derechos de los Niños hablamos? Cuando en una sociedad, como la nuestra, el derecho de millones de niños que aceptan las reglas de la convivencia social se vé permanentemente amenazado y violentado por el "derecho" de un grupúsculo de "niños" inadaptados NO ESTAMOS EJERCIENDO LA OBLIGACIÓN DE PRESERVAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, sino que, muy por el contrario, estamos desmoronando los pilares de moral y justicia sobre los que se debe basar una sociedad civilizada y sobre los cuales se debe formar en los niños su perfil de ciudadano. Quien viola las normas y reglas de una sociedad atenta contra la misma y no puede convivir en ella, y es deber del Estado, por un lado, modificar dicha conducta intentando socializar de nuevo al individuo, y por el otro, preservar a la sociedad de los actos de dichos individuos hasta tanto no demuestren su voluntad de reinserción. Si ello no ocurre, si no hay premio y castigo, no existe diferenciación alguna entre el actuar socialmente y el actuar inadaptado. No existe diferenciación alguna entre lo malo y lo bueno, entre lo justo e injusto, entre lo correcto y lo incorrecto. Si fuese acertado el concepto de inimputabilidad de los menores que cometen actos ilícitos por falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, simplemente por una razón de franja etaria, estaríamos afirmando que los "niños socializados" de la misma franja etaria serían sólo producto de la casualidad, ya que ellos tampoco tendrían el discernimiento entre lo bueno y lo malo o lo correcto o incorrecto. Esto es una negación de la realidad, es una negación de la sociedad en si misma como comunidad organizada bajo reglas comunes de convivencia. Es negar la existencia de la generalidad para intentar justificar el error de la minoría. Y lo que es peor aún, es estimular el no acatamiento a las normas sociales de convivencia y es decretar la inexistencia de los procesos educativos como formadores de conciencia social. Una sociedad que siente y expresa a diario el miedo a ser víctimas de unos pocos NO ES UNA SOCIEDAD JUSTA, y mucho menos UNA SOCIEDAD AMPARADA EN SUS DERECHOS.
Cuando esto sucede, es el Estado quien ha fracasado y se debe reveer todo el andamiaje jurídico que lo sustenta, de lo contrario, se estará empujando a la sociedad a una disgregación profunda y hacia un individualismo salvaje donde "todo da igual" y "donde todo vale". La norma es el límite que como sociedad nos imponemos no cruzar, que marcamos como muro de contención de lo que significa convivencia social. Cuando dicho límite se cruza, quien lo hace se autoexcluye de la vida social y debe ser reencauzado en el cumplimiento de las normas para permitir su reinserción social, y es el Estado quien tiene la responsabilidad y la obligación de hacerlo evitando que el resto de la sociedad sufra la reincidencia de la ruptura de las normas de convivencia. No se trata de estigmizar el error, factible en todos y cada uno de nosotros, sino de corregir reincidentes conductas inadaptadas violatorias de los derechos de toda la sociedad. Minimizar, o directamente ignorar, conductas inadaptadas graves y reincidentes en determinadas franjas etarias no es el camino de protección social que el estado debe brindar a la sociedad en su conjunto, sino que, por el contrario, es un camino que lleva inexorablemente a formar el perfil del delincuente adulto.
