Se aprobó una polémica ley que multa a los clandestinos y dispone su expulsión inmediata.
ROMA. El Senado aprobó ayer una polémica ley sobre seguridad promovida por el gobierno de Silvio Berlusconi, que prevé el delito de "inmigración ilegal" y permite la formación de grupos civiles que harán rondas e informarán a la policía sobre situaciones de peligro. La medida, que había sido aprobada en mayo por la Cámara de Diputados y entrará en vigor cuando se publique en la Gaceta Oficial del Estado con la promulgación del presidente, Giorgio Napolitano, ya fue condenada por la oposición, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Vaticano. La nueva ley, que fue aprobada en el Senado por 157 votos contra 124, castiga a la inmigración ilegal con una multa de entre 5000 y 10.000 euros y con la expulsión inmediata. La nueva ley prevé hasta tres años de prisión para aquel que alquile una casa o una habitación a un clandestino y para cualquiera que obtenga un "injusto beneficio" de inmigrantes sin permiso de residencia. Se amplía también de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de acogida con el fin de facilitar la identificación del inmigrante y su eventual expulsión al país de origen. La nueva norma obliga a los funcionarios públicos a denunciar a los inmigrantes sin papeles que se encuentren en Italia. Se eximió de ello sólo a los médicos que atiendan a los inmigrantes y los directores de centros educativos, como lo establecía la propuesta original al ser presentada ante el Parlamento. También estipula medidas más rígidas para los llamados "matrimonios de conveniencia?? para una obtención más rápida de la ciudadanía italiana. Los dos aspirantes a esposos deberán convivir antes por dos años. Además, cuando se haya promulgado la ley, los extranjeros deberán exhibir el permiso de residencia en Italia para poder inscribir a un hijo en el registro civil. La norma fue criticada por muchas asociaciones, que temen que se genere en Italia el fenómeno de los "niños invisibles" en los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia. El proyecto de ley original llegó a incluir penas de cárcel para los inmigrantes clandestinos, pero fueron eliminadas por el escándalo que provocó en la península y en Europa en general y porque Italia sufre una grave sobrepoblación carcelaria. En materia de seguridad interior, la medida más emblemática, adoptada bajo la presión del movimiento xenófobo Liga Norte (extrema derecha), aliado clave de Berlusconi, es la posibilidad de que "asociaciones de ciudadanos" realicen rondas callejeras para señalar las alteraciones del orden público. Las rondas, que desde hace meses operan en el norte de la península, bastión electoral de la Liga Norte, serán formadas por voluntarios, que estarán desarmados.
ROMA. El Senado aprobó ayer una polémica ley sobre seguridad promovida por el gobierno de Silvio Berlusconi, que prevé el delito de "inmigración ilegal" y permite la formación de grupos civiles que harán rondas e informarán a la policía sobre situaciones de peligro. La medida, que había sido aprobada en mayo por la Cámara de Diputados y entrará en vigor cuando se publique en la Gaceta Oficial del Estado con la promulgación del presidente, Giorgio Napolitano, ya fue condenada por la oposición, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Vaticano. La nueva ley, que fue aprobada en el Senado por 157 votos contra 124, castiga a la inmigración ilegal con una multa de entre 5000 y 10.000 euros y con la expulsión inmediata. La nueva ley prevé hasta tres años de prisión para aquel que alquile una casa o una habitación a un clandestino y para cualquiera que obtenga un "injusto beneficio" de inmigrantes sin permiso de residencia. Se amplía también de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de acogida con el fin de facilitar la identificación del inmigrante y su eventual expulsión al país de origen. La nueva norma obliga a los funcionarios públicos a denunciar a los inmigrantes sin papeles que se encuentren en Italia. Se eximió de ello sólo a los médicos que atiendan a los inmigrantes y los directores de centros educativos, como lo establecía la propuesta original al ser presentada ante el Parlamento. También estipula medidas más rígidas para los llamados "matrimonios de conveniencia?? para una obtención más rápida de la ciudadanía italiana. Los dos aspirantes a esposos deberán convivir antes por dos años. Además, cuando se haya promulgado la ley, los extranjeros deberán exhibir el permiso de residencia en Italia para poder inscribir a un hijo en el registro civil. La norma fue criticada por muchas asociaciones, que temen que se genere en Italia el fenómeno de los "niños invisibles" en los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia. El proyecto de ley original llegó a incluir penas de cárcel para los inmigrantes clandestinos, pero fueron eliminadas por el escándalo que provocó en la península y en Europa en general y porque Italia sufre una grave sobrepoblación carcelaria. En materia de seguridad interior, la medida más emblemática, adoptada bajo la presión del movimiento xenófobo Liga Norte (extrema derecha), aliado clave de Berlusconi, es la posibilidad de que "asociaciones de ciudadanos" realicen rondas callejeras para señalar las alteraciones del orden público. Las rondas, que desde hace meses operan en el norte de la península, bastión electoral de la Liga Norte, serán formadas por voluntarios, que estarán desarmados.
Fuertes críticas
Anna Finocchiaro, ex magistrada y jefa de la bancada de senadores del Partido Democrático, el más importante de la oposición, afirmó que la ley "es sólo un puñetazo encima de la mesa sin ninguna eficacia desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos". Al mismo tiempo, agregó la senadora, es "una grave violación de los derechos de los inmigrantes, que cuidan los bienes y las personas ancianas en Italia y cuyo trabajo es indispensable para el funcionamiento de miles de empresas". Para el secretario del Consejo Pontificio para los Inmigrantes e Itinerantes, monseñor Agostino Marchetto, la ley suscita "preocupación por lo que sucederá" y "porque no tiene en cuenta uno de los derechos humanos fundamentales, el de migración". archetto estimó que la legislación "ignora la integración". La ley "apunta sólo a la seguridad, la preocupación fundamental es la seguridad, mientras que el aspecto de la integración no aparece. Seguramente no para los irregulares, para quienes hay otro trato", dijo monseñor Marchetto. Agencias AP, AFP y ANSA
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