LA INSEGURIDAD EN ARGENTINA

DELITO EN ALZA
Intendentes del Conurbano piden policía propia

Un comerciante murió esta mañana, tras ser baleado en un asalto. Casos en Lomas, Wilde y la seguidilla de San Martín. Gonzalo Sánchez.
Hay un problema dominante: la inseguridad jaquea de nuevo a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Y un conflicto colateral: los intendentes del Conurbano quieren crear sus propias policías porque la vieja y corrupta Bonaerense no les ofrece garantías. El debate se recalentó esta semana y lo hizo con sangre y fuego como telón de fondo. Ayer, en Lomas de Zamora, un comerciante quedó en coma tras ser baleado en un asalto. Falleció esta mañana. En Wilde un hombre de 53 años mató de un disparo a un joven que junto a otros tres cómplices intentó asaltar a su esposa y a su hijo cuando llegaban a su casa. En el partido de San Martín se cometieron cuatro homicidios en veinte días, y la polémica se coló en los medios de comunicación. Dentro de ese marco de violencia derramada y reclamos de mayores medidas de protección por parte de los vecinos, crece la discusión sobre la intervención de los municipios en la gestión de seguridad. Y el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, es el que lleva la posta. Se reunirá hoy con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, para pedirle una solución. “Cuatro casos en un mes han sensibilizado mucho a la población. El ministerio tiene que hacerse cargo. Todo lo que hace a la logística –nafta, patrulleros– lo pagamos nosotros. No debería ser así. Entonces, nosotros creamos nuestra policía y que se encargue la Provincia de la suya”, dice Ivoskus y abre la discusión. Para que haya policías comunales hay que reformar la constitución provincial. La ley indica que es la Policía Bonaerense quien debe velar por la integridad de los ciudadanos. Pero, a la luz de los hechos, la fuerza no parece ser eficiente. Por eso muchos intendentes presionan en busca de su guardia propia. “En mi proyecto –dice Ivoskus– pedimos una modificación de la ley orgánica de la policía de la provincia de Buenos Aires que autorice las creaciones de policías municipales a quienes quieran hacerlo. Tenemos problemas con temas de la calle como picadas, vendedores ambulantes, contravenciones que podríamos controlar con personal propio y dejar a la Policía Bonaerense que se ocupe de combatir el crimen.” Ivoskus dice que la gente quiere efectivos en las calles. “En San Martín tenemos sólo 500 agentes para medio millón de habitantes”, describe. Igual que él, varios intendentes estudian proyectos similares. Gustavo Posse, en San Isidro, se cansó de peticionar al gobierno provincial por esta cuestión. “Se presentaron más de ciento veinte mil firmas de habitantes del partido –dice uno de sus voceros– pero como tiene que haber reforma de la Constitución siempre chocamos con esa barrera.” A mediados de 2003, siendo intendente de Ezeiza, Alejandro Granados implementó su programa de seguridad bajo el poco sutil título de “Tolerancia Cero contra la Delincuencia”. El plan consistía–consiste todavía– en un patrullaje sectorizado durante las 24 horas, con comunicación directa con los vecinos. Pero tenía su costado polémico, ya que la conformaciónde esa fuerza paralela implicaba la contratación de policías retirados. Y tuvo su punto oscuro: hace pocos días, el ex cabo de la Bonaerense Ramón Peloso, conocido como el Mataguachos de Fiorito, fue condenado a 13 años de cárcel por el asesinato de Matías Bárzola, cometido el 3 de junio de 2003. Cuando le tocó defenderse de las acusaciones ante los jueces, su coartada fue que en el momento del crimen se encontraba patrullando la zona de Canning como efectivo del programa que había estrenado Granados. No es paranoia: el fantasma de que las tropas de las policías propias pueden conformarse con mano de obra desocupada de la vieja Bonaerense merodea alrededor del debate. La discusión por la creación de las policías propias es el emergente de un escenario caliente, con varios homicidios como telón de fondo y una nueva ola mediática que mella en la opinión pública.Pero la pregunta que cabe es la siguiente: la discusión sobre cómo combatir el delito, ¿está bien orientada o hablar de policías comunales es secundario frente a los casos de violencia que dominan el paisaje bonaerense? María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), cree que las fuerzas de seguridad son las responsables del pico de delitos de los últimos días. Pero no por su inoperancia, sino por la corrupción que las atraviesa. “Nosotros estamos cansados de denunciar que el causante de este cuadro es el Estado a través de su aparato represivo. Cada vez que se desbarata una banda de narcotraficantes, secuestradores o piratas del asfalto hay un policía, un gendarme, o lo que sea, involucrado. Y lo peor es que muchas veces son los jefes”, opina. Verdú explica que, por un lado, existe esa forma del delito –organizado, con policías entre sus filas– y, por el otro, el crimen desorganizado. “Pibes chorros que cuando delinquen lo hacen presionados por la policía. ¿Quiénes son los que les cobran peaje? La brigada del barrio. Cuando estos chicos se quieren abrir, los canas los aprietan o les pegan un tiro en la nuca y ahí aparecen los casos de gatillo fácil.” “No es un tema de policías propias o no. Es un tema de que mientras la policía siga siendo así, las cosas no serán mejores”, dice, pesimista, Verdú y toca otra arista de la polémica. “Por otro lado, hay que atender un poco la cuestiónde los medios. Es sintomático esto de “las olas de”: olas de hombre araña, olas de asalto a restoranes en Villa Urquiza. Permanentemente aparecen distintos tipos de olas y los medios ponen el foco sobre casos que en realidad ocurren todo el tiempo.” El diputado del PRO, Eugenio Burzaco, dice que los delitos son reales, que los medios pueden o no publicarlos, pero que los delitos existen. “Y no tenemos estadísticas confiables, pero la verdad es que estamos peor y que en líneas generales la inseguridad aumentó. El tema de las policías comunales, por otro lado, surge por algo claro: la gente les pide seguridad a los intendentes y ellos no tienen respuestas para darles.” León Arslanian, ex ministro de Seguridad bonaerense, dice que no se puede hacer una fotografía del cuadro de situación. A propósito del pico de inseguridad en el partido de San Martín sostiene: “Puede tratarse de una serie de desdichadas coincidencias que hacen que en un lugar determideterminado se produzcan varios hechos y generen un clima que no es en realidad una generalidad. Hay que tomarse un tiempo para poder hacer una evaluación”. Durante su gestión se crearon las bases para que de un modo progresivo cada municipio pudiera llegar a tener su propia policía. “Por eso empezamos con las fuerzas comunales en el interior de la provincia, en ciudades con menos de 70 mil habitantes –recuerda–. Pero tengo la sensación de que para el conurbano bonaerense todavía queda un camino por recorrer. Hay que ser cuidadosos con esto porque ésta es la zona caliente, la zona de la criminalidad compleja”, advierte. Ricardo Gil Lavedra adhiere, pero aclara: “La inseguridad se convierte en un tema político y no debería ser así, debería ser una prioridad atendida y resuelta”. Nadie tiene la última palabra por ahora. Pero mientras políticos y especialistas discuten formas y procedimientos, mientras se dilata, como siempre, el hallazgo de una solución, la inseguridad acecha. Ayer, fue en Lomas de Zamora y en Wilde. Días atrás, la muerte paseó por San Martín. Nadie sabe dónde será la próxima escala.